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 Intereses en conflictos de empleadores y de los partidos, han provocado que un grupito de personas pagadas, de Guayubín, rechacen a los obreros migrantes haitianos que laboran en todas las tierras de producción agrícola de la zona noroeste del país.
Solidaridad Fronteriza –SF-, del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes –SJRM- dijo que las acciones de agresión e incendios que se ha motorizado en el lugar tienen motivaciones personales y no comunitarias, como hasta ahora se ha querido presentar a las autoridades nacionales. La institución Jesuita fronteriza expresa que desde hace cuatro años los obreros y obreras migrantes haitianos se han venido organizando, por lo que algunos propietarios de fincas y de viviendas los miran con recelos levantando todo tipo de acusación al no poder explotarlos con salarios de hambre.
La organización lamentó la muerte a palos del señor Alcibíades Jiménez, causada, supuestamente por un haitiano quien actualmente se encuentra profugo, en espera de ser apresado y sometido a la acción de la justicia.
Actualmente, más de 1500 trabajadores migrantes residentes en las comunidades de Cerro Gordo, Juan Gómez, Ranchadero, La Reforma, Piloto, el Pocito, Hato del Medio Abajo y Arriba, Villa Elisa, Villa Sinda, del municipio de Guayubín; Villa García, el Vigiador, El Ahogado, Palo Verde, Botoncillo, de Villa Vásquez; Hatillo Palma Abajo y Arriba, y Las Matas de Santa Cruz, están organizados en la Asociación Solidaria de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste –ASOMILIN-.
Solidaridad Fronteriza del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, viene acompañando desde hace varios años a los obreros migrantes que trabajan en la agropecuaria de la zona en lo que concierne al proceso organizativo y formativo de su agrupación laboral y social, así como en sus reclamos judiciales.
La organización que defiende los derechos humanos en la frontera norte, también trabaja con agrupaciones de mujeres, campesinos, barriales y agrupaciones de la sociedad civil en la provincia de Dajabón lo que le ha dado una alta credibilidad ante las autoridades y toda la población dominicana y haitiana.
Historia de un local:
Cuando ASOMILIN logró el reconocimiento institucional ante las autoridades, los patronos y demás organizaciones, se creó una oposición a que estos entraran a los locales existentes en el lugar, incluyendo la iglesia, por tanto para evitar fricciones y agresiones, se proyectó la construcción de un centro comunal en la comunidad de Cerro Gordo, en Guayubín, hace más de un año.
La construcción del local, diseñada para todas las actividades y emergencia de la comunidad receptora y de migrantes fue impedida de realizarse en los citados sitios motivados por la oposición rotunda de algunas personas molestas porque no podían seguir engañando a los trabajadores y sus familiares.
De ahí que los trabajadores y trabajadoras migrantes se pusieron de acuerdo para que el mismo se construyera en un Cerro, de la comunidad de Juan Gómez, sirviendo éste como refugio para ambas comunidades, la receptora de migrantes y la de migrantes, en caso de emergencia.
La Asociación de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste (ASOMILIN) convocó a la comunidad y autoridades del municipio de Juan Gómez, para informar y tratar con los lugareños el cambio de lugar. Fueron invitados el Síndico Municipal, el Alcalde Pedáneo, la Procuradora Fiscal y la Sala Capitular, para que participaran en las reuniones y aportaran su parecer, la que se hizo en tres ocasiones, en las cuales solo participaron el Alcalde, Emilio Bolívar Novo, alias Bobotón, y la Magistrada Fiscal, licenciada Daisy Díaz Espejo, en la última reunión
De esta última reunión, que se realizó en el mes de agosto, del año en curso tanto ellos así también la comunidad estuvieron de acuerdo con la construcción del centro comunal y de emergencias en el Cerro de Juan Gómez, de Guayubín.
Sin embargo, cuando se inició la limpieza del terreno en el mes de septiembre, un grupito de personas, algunos pagados, encabezados por el alcalde, Emilio Bolívar Novo y, aparentemente estimulados por el ingeniero Samuel Toribio, sindico de Guayubín, los cuales no asistieron a las reuniones, iniciaron una campaña prejuiciada sobre la construcción de este local argumentando que “solo era para los haitianos” y acusando a Solidaridad Fronteriza de querer establecer una colonia en esa zona, provocando que la construcción se detuviera hasta tanto se tratara el tema en una sesión de la Sala Capitular del Ayuntamiento, la cual no ha sido posible por la decidida oposición del sindico de Guayubín.
Pagan a provocadores:
El grupito de personas encabezados por el alcalde Emilio Bolívar Novo, y que la semana pasada aprovechó la desgracia del asesinato de un miembro de la familia Jiménez, para ir a incendiar decenas de viviendas y negocios en la Mina, y los Cerros de Guayubín fueron, supuestamente pagados por el casa cambista, Santiago Almánzar, residente en el lugar. El mismo, fue detenido por las autoridades policiales junto a otras personas acusados de pagarles al grupito de incendiarios, no obstante, día y medio después de prisión, lograron la libertad bajo fianza económica y medida de coerción de presentación periódica por ante la fiscalía de la jurisprudencia correspondiente.
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Dominicanos en el exterior:
Consultados por los periodistas algunos dominicanos del lugar con familiares residiendo en New York, Estados Unidos, dijeron que allí existe el Club Juan Pablo Duarte y una calle lleva su nombre, además poseen otras organizaciones sociales y culturales y “no por ello los norteamericanos han visto que los dominicanos los quieran dominar”.
Chivo expiatorio:
Es común que en gran parte del país en donde residen familias de haitianos por cualquier hecho delictivo al primero que se acusa es al migrante haitiano sin previamente hacer las averiguaciones, lo que no lo exculpa de haberlo cometido si así lo demuestra la investigación policial.
Los medios de comunicación de país, tanto radial, escrito y televisivo se han pronunciado en contra de que se haga justicia por su propia manos sin buscar un culpable.
Solidaridad Fronteriza, del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes llamó a las autoridades dominicanas para que haya un control transparente, coordinado y sistemático en el trato a los migrantes. La protección tiene que ser previa, no post los sucesos de violencia.
“Reiteramos que se hace una necesidad urgente la definición del Reglamento de la ley 285-04, según han solicitado el CONEP, los Congresistas, las Iglesias, Comunicadores y Personalidades”, planteó la institución jesuita de la República Dominicana.
Patinando en el lodo:
La experiencia ha demostrado que las deportaciones y expulsiones masivas no resuelven el problema. La mejor protección para los inmigrantes es la legalidad
NP / Solidaridad Fronteriza: José Fernández 3/11/08.
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